En los próximos días, el Gobierno convocará a empresarios y líderes gremiales para dar marco a la iniciativa. Desde la UART, advierten que en 2010 se generarán 60.000 nuevos litigios y que, en los últimos 6 años, se multiplicaron por 20 los reclamos por accidentes laborales. La situación actual.
A partir de las recientes declaraciones de la presidenta Cristina Kichner en las que, refiriéndose a la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT), puso de relieve la necesidad de poner fin "a la industria del juicio" y a los reclamos por "la doble vía" -es decir, cuando además de ir contra la Aseguradora se puede recurrir a una demanda civil- crecen las expectativas, en torno a que una reforma al régimen se convierta en realidad.
En este escenario, el Gobierno ya está dando los primeros pasos y, en los próximos días, se espera que convoque a empresarios y representantes gremiales para avanzar en una iniciativa destinada a modificar el sistema vigente.
Y así lo confirmó Héctor Méndez, titular de la UIA, quien sostuvo que el Ejecutivo lo haría "para poner en marcha la mesa de diálogo social".
Sucede que cada vez se hace más evidente la importancia de un cambio a la normativa vigente, que permita poner un freno a los sucesivos litigios que se vienen registrando en los últimos años.
Al respecto, Mara Bettiol, gerente general de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), advirtió: "La cantidad de reclamos judiciales, en estos últimos seis años, se multiplicaron por 20".
Y destacó que "esta tendencia es de tal magnitud, que se estima que en 2010 se generarán 60.000 nuevos litigios".
Según las cifras que maneja la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ya en 2008 se habían registrado 694.000 casos, un 50% más que en 2002.
Expertos consultados por iProfesional.com señalaron que esto se debe -en gran medida- a la gratuidad del proceso para los dependientes y a la tasa activa de actualización de los créditos, que ronda el 20% anual.
El cuadro de situación es complejo, especialmente si se considera que hasta la misma Corte Supremade Justicia dictó diversos fallos en los cuales declaró como "inconstitucionales" a varios artículos de la Ley 24.557. Por ejemplo, en el caso Aquino, el máximo Tribunal así se expidió respecto del artículo 39, que prohibía la doble vía y sostenía que el trabajador debía regirse sólo por la ley especial.
Es por ello que diversos abogados, que representan en juicios laborales a los trabajadores y fueron consultados por este medio, creen que la reforma legislativa debe mantener las pautas de la mencionada sentencia.
Y en esta línea parecen ir las intenciones del Ejecutivo, si se considera que la Presidenta afirmó que se tratará, como política de Estado el tema de la doble vía.
Entretanto, y a la espera de soluciones, los empresarios ven a diario cómo, aun contratando con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART), quedan igualmente expuestos a las demandas judiciales de los dependientes accidentados. En tanto, la situación tampoco resulta favorable para los empleados, que se quejan por la falta de una respuesta concreta que les permita hacer frente a sus problemas, de manera integral, sin tener que recurrir a la Justicia.
Es por todas estas razones que varios Ministerios ya comenzaron a analizar los ejes centrales que conformarían la posible reforma y que serán estudiados por el Gobierno junto con los empresarios del grupo de los seis (construcción, Sociedad Rural, el comercio, la banca privada nacional, la Bolsa de Comercio y la industria) en estos días.
Ejes de conflicto
En noviembre de 2009, el Ejecutivo intentó dar un avance para paliar la situación y, mediante el decreto 1694/09, optó por establecer nuevos pisos indemnizatorios a los efectos del cálculo de la reparación por accidentes laborales.
Sin embargo, la medida no resultó suficiente para poner un freno a los reclamos.
Al respecto, el abogado Daniel Funes de Rioja sostuvo que: "El decreto aumentó los pisos de las prestaciones y el costo de los seguros, pero la responsabilidad civil no está cubierta".
De esta forma, puso de relieve la problemática de la llamada doble vía. Es decir, que el empleado pueda ser resarcido por la ART y, a su vez, si el monto pagado no cubre sus necesidades, éste mantenga la puerta abierta para iniciarle a la compañía una demanda civil para reclamar un monto adicional.
En tanto, el otro eje de conflicto, que sigue como una cuestión pendiente de modificación -respecto de la actual normativa-, tiene que ver con los accidentes in itínere. Es decir, si el empresario debe hacerse cargo, o no, de aquellos que pudiera sufrir el dependiente en su camino al trabajo.
Al respecto, Bettiol comentó que "es una buena noticia que el tema -de la eliminación de la doble vía- forme parte del pacto social entre empresas y sindicatos".
Y agregó: "Los juicios crecen año a año. La solución estructural tiene que ver con hacerle alguna reforma a la ley, particularmente los artículos que fueron cuestionados por la Corte Suprema".
Mutuas
La Presidenta también pidió incorporar las figuras de las mutuas en lugar de las ART.
Para ello, "vamos a tener que trabajar con otros poderes del Estado, porque esto fue un problema de la Justicia, que declaró la inconstitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo sancionada durante la década del 90", indicó.
Esta cuestión ya había sido anticipada por iProfesional.com, cuando en una charla con la viceministra de Trabajo Noemí Rial, la funcionaria destacó que el Gobierno buscará desarrollar fuertemente las mutuas patronales y las mutuas entre sindicatos y empresas.
"Es difícil que si el empleador incumple con alguna de las reglas preventivas, la ART le haga un requerimiento. Porque ese empleador es, justamente, su cliente. La prevención tendría que volver a manos del Estado, porque es la única manera de garantizar que se cumpla", enfatizó la viceministra.
Rial recalcó que las aseguradoras tienen intereses controvertidos con las empresas que, a su vez, se sienten un poco cautivas de ellas.
También aclaró que, en el marco de la seguridad jurídica, el empleador no es perseguido por el Estado porque es "la víctima", ya que la ART que contrató no lo cubre, o lo hace hasta determinado monto, dejando a las empresas sujetas a la acción de daños y perjuicios del empleado y con la pesada carga en sus espaldas de una contingencia grave o, en casos más extremos, la muerte.
