Si se aprueba la iniciativa del diputado Recalde, tal como fue presentada, los expertos creen que disparará muchos litigios. Qué puntos consideran que deben modificarse antes de ser sancionada por el Congreso. Conozca los focos de conflicto
El proyecto que propone un Régimen de Participación Laboral en las Ganancias de las Empresas, que fue presentado por el diputado Héctor Recalde, busca hacer operativa una cláusula de la Constitución Nacional -inserta en la reforma de 1957- orientada a que los empleados reciban parte de las utilidades de las compañías donde trabajan.
Dicha iniciativa ya despertó la polémica entre los sectores involucrados: desde rechazo total, por parte de algunos empresarios, hasta un pedido de participación para emitir opiniones en la redacción de la norma. Así, luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) aprobara la propuesta en su mesa del Consejo Consultivo, se estima que la misma tendrá tratamiento parlamentario en el corto plazo.
El proyecto, cuyos aspectos más relevantes ya fueron dados a conocer por iProfesional.com, presenta distintos puntos oscuros que generan preocupación en el ámbito empresarial.
Los especialistas consultados por este medio remarcaron que, tal como está redactado el texto, generará muchos focos de conflicto a futuro. Por ello, consideraron que será necesario modificarlo en la etapa de análisis respectiva.
En este sentido, destacaron como puntos críticos los siguientes:
Que se considere que la distribución de utilidades tendrá carácter no remunerativo.
Que del reparto de ganancias se excluya a gerentes y directores.
Que los empleados participen sólo de las ganancias, pero no de las pérdidas.
Que, en principio, el pago de utilidades no tribute el Impuesto a las Ganancias.
Un concepto no remunerativo
De acuerdo al proyecto, “en ningún caso la participación en las ganancias se computará para la determinación de las cargas sociales, montos de indemnización, ni de los aportes y contribuciones con destino a regímenes previsionales o asistenciales, y no tiene incidencia en ningún otro instituto relativo al contrato de trabajo”.
“Este artículo es contrario a los pronunciamientos de la Corte Suprema en materia de conceptos remunerativos y va en contra de lo que nuestro máximo tribunal tachó de inconstitucional”, señaló Juan Manuel Lorenzo, abogado del estudio O´Farrell.
En tanto Julio Stefanoni Zani, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), remarcó que “llama la atención que quienes aplaudieron e instaron fallos que declararon la inconstitucionalidad de los vales alimentarios, que fulminaron la validez de preceptos que calificaron no remuneratorios y los consideraron ingresos para el trabajador, ahora vuelvan a poner que las ganancias a repartir entre los empleados sean no remunerativas”.
“¿Quién garantiza que en un futuro no reclamen que se incorpore este concepto como remunerativo?”, se preguntó el abogado.
Al respecto, Recalde sostuvo que si se quiere que se hagan remuneratorios, los costos laborales se elevarían de manera considerable, por lo que era preferible que esa diferencia vaya a los bolsillos de los trabajadores.
Exclusión de gerentes y directores
La iniciativa indica que “todos los trabajadores tendrán derecho a una retribución anual en concepto de participación en las ganancias, sujeta a los resultados del ejercicio económico de la empresa a que pertenecen”.
Sin embargo, en el artículo 11 de la propuesta se estipula que dicho derecho “no será aplicable a directores, administradores y gerentes cuya remuneración anual sea superior a 5 veces el salario anual promedio pagado por la empresa”.
De acuerdo al legislador impulsor del proyecto, la exclusión responde a que las personas que ocupan los cargos mencionados perciben distintas retribuciones, como el conocido bonus anual.
De todos modos, los especialistas consultados consideran que este punto también puede ser objeto de reclamos en sede laboral.
“Esta exclusión carece de motivación y resultaría discriminatoria ya que tanto gerentes como directores resultan ser tan empleados como cualquier otro y se encontrarían exceptuados sin motivos razonables”, remarcó Lorenzo.
“Además, es precisamente esta categoría la que se encarga de trazar las políticas y estrategias de negocios que, en definitiva, van a permitir o no a la compañía rendir utilidades”, agregó.
En el mismo sentido se expidió García ya que “esto es inconstitucional, habilitará amparos y, de concretarse, generará aún mayores fracturas al interior de las organizaciones entre el personal en convenio y el que está excluido”. Para ver el proyecto completo, haga click aquí
Participan sólo en las ganancias
El tercer punto polémico de la iniciativa es que los dependientes participan sólo de las ganancias pero no de las pérdidas. Los expertos consultados afirmaron que, en realidad, ese dinero se utiliza en reinversión –contemplado en el proyecto- o se guarda para épocas de “vacas flacas”.
El proyecto también indica que “no se harán compensaciones de los años de pérdidas con los de ganancias. Sin embargo, cada tres ejercicios consecutivos de resultados negativos, en el primer año en que obtengan resultado positivo las empresas podrán distribuir sólo un 50% de las utilidades”.
Si se aprueba la iniciativa, “los socios quedarán en una peor situación que los trabajadores”, estimó Javier Adrogué, socio del estudio Adrogué, Marques, Zabala & Asociados.
“Los socios de cualquier firma distribuyen utilidades netas y, para calcular dichas utilidades hay que deducir las pérdidas que se hubieren sufrido en ejercicios anteriores. Para saber cuánto ganó la sociedad es imprescindible restar las pérdidas que se vienen acumulando”, agregó el especialista.
“El proyecto dispone que, para calcular las utilidades netas repartibles entre los trabajadores, los empleadores no podrán restar las pérdidas anteriores. De esta forma, coloca a los dependientes en una situación mejor que a los propios socios”, agregó.
En el mismo sentido se expresó el abogado del estudio O´Farrell al señalar que “lo que podría verse como utilidad o ganancia, podría ser simplemente un recupero de inversiones, sin que ello pueda ser entendido como utilidad”.
“Si una empresa inicialmente invierte $100 en una operación y tras cuatro años de actividad su balance indica que ha ganado $30 y al año siguiente $20, ello no implica que ha ganado $50, sino que aún está retornando la inversión inicial”, agregó.
Ante la consulta de iProfesional.com sobre si la iniciativa le da algunos años –dependiendo de la actividad- a las empresas para que no repartan utilidades, el experto señaló que “su determinación no puede ser analizada con la compulsa de un solo balance, sino con lo que constituye la realidad económico-financiera de toda la actividad de la compañía, a lo largo del tiempo”.
"No comparto el proyecto pues lleva a socializar las utilidades pero no las pérdidas”, destacó Esteban Carcavallo, socio del estudio Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea.
“No veo motivos para instituir algo así cuando hay otras muchas maneras de incentivar económicamente a los trabajadores y, al mismo tiempo, de retribuir con algo más que el salario su esfuerzo y compromiso con el desenvolvimiento de la actividad de la empresa”, completó el especialista.
Impuesto a las Ganancias
En otro de sus puntos controvertidos, el proyecto estipula que “se considerará ganancia de las empresas a la renta gravable de conformidad con las normas de la legislación impositiva vigente sobre el Impuesto a las Ganancias, o las que se establezcan en el futuro sobre los beneficios, utilidades, réditos o ganancias de las empresas”.
Además, indica que no se calculará el mencionado tributo sobre las utilidades que se repartan.
“El artículo 14 bis de la Constitución Nacional incluye esta garantía programática que intenta hacerse operativa a través de esta iniciativa que determina que las ganancias obtenidas con el fruto del trabajo estarán exentas del impuesto a las rentas, lo cual resulta cuanto menos paradójicol, y de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, colisionando con normas supralegales como es el caso del Convenio 95 de la OIT”, explicó Héctor García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociaos.
Este adicional no se computará como parte del salario a los efectos indemnizatorios y pago de aportes jubilatorios, obra social y cuota sindical, quedando asimismo exento del pago de cualquier tipo de tributo.
“Esto implica una modificación a la Ley del Impuesto a las Ganancias, por cuanto, desde ese punto de vista, todo ingreso de la remuneración resulta alcanzado por el tributo”, explicó el asesor tributario Daniel Pérez.
