En el ámbito laboral, son conocidos como los “hijos de…”, pero tienen personalidad propia. Defienden sus ideas a rajatabla aunque escuchan al otro. Tienen muchas diferencias, ya que uno apoya a los trabajadores y el otro a los empresarios, sin embargo, también tienen una infinidad de coincidencias.
Se trata de Leandro Recalde, hijo del abogado de la Confederación General del Trabajo y actual diputado nacional, Héctor Recalde, e Ignacio Funes de Rioja, hijo del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y asesor de empresas Daniel Funes de Rioja.
En una mesa redonda, que organizó iProfesional.com, intercambiaron opiniones sobre los distintos problemas que afectan al mercado laboral.
Entre los ejes que abordaron durante el debate, se destacan: el proyecto de ley sobre participación de los empleados en las ganancias de las empresas, la necesidad de una reforma a la actual Ley de Riesgos de Trabajo y las dificultades del empleo informal.
El polémico reparto de ganancias
Cuando salió a luz que Héctor Recalde estaba preparando un proyecto de ley que preveía la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, las respuestas y críticas desde el sector empresario no tardaron en llegar.
Los empleadores se quejaron por el cambio en las reglas de juego y lo repentino de la iniciativa y argumentaron que había otros problemas que tratar, como el alto índice de dependientes que no se encuentran registrados.
“Los empresarios se preocupan por la gradualidad y dicen que les cambian las normas del juego de la noche a la mañana, pero eso no es cierto ya que es paulatino”, señaló Recalde.
En ese sentido, el abogado laboralista explicó que “este es un derecho que está en la Constitución Nacional (CN) desde hace 53 años y espera ser reglamentado”.
Funes de Rioja, en cambio, se mostró en desacuerdo con el proyecto, ya que desde su punto de vista, “el derecho debe hacerse efectivo a través de la negociación colectiva”.
“Una forma es regular y elevar de la legislación, que es una postura que no comparto, pero la entiendo, y la otra es buscar hacer efectivo el derecho a través de la negociación colectiva”, agregó el asesor de empresas.
Y agregó: “Hay una cantidad de derechos que están en la CN y no se cumplieron durante años”.
El experto, también señaló que es posible implementar "un sistema que puede llegar a ser bueno, a través de la negociación colectiva o dentro de la misma empresa -que sería lo ideal-, pero no debería ser regulado desde el Congreso”.
En tanto, Recalde atacó dichos argumentos al indicar que “los empresarios, durante 53 años y para no hacer efectivo el derecho de participación de las ganancias por parte de los trabajadores, señalaron que esa cláusula era programática -que requiere reglamentación del Congreso-”.
“Y ahora que se analiza un proyecto, pretenden que se lleve adelante a través de las negociaciones colectivas”, agregó el especialista.
Y disparó: “No es el 10% de la facturación, ese es el 10% que queda luego de dejar un margen de ganancia para las compañías".
Para el experto, repartir ganancias le conviene a la empresa "porque incentiva al trabajador". Para reafirmar este concepto, sostuvo que hay algunas firmas que lo dan voluntariamente, como Firestone, que entrega el 33% y agregó que "no lo hacen porque son caritativas sino porque les conviene y es un beneficio permanente para el trabajador”.
“El que invierte en la Argentina tiene que conocer que esta cláusula existe desde 1957 y durante 53 años se esperó la voluntad de las empresas y no la hubo”, cuestionó.
Frente a dicha afirmación, Funes de Rioja defendió su postura y enfatizó que “no se puede implementar de un día para el otro, a través de una ley donde se quite al empresario, que viene realizando inversiones desde hace años bajo determinadas reglas y expectativas, un 10% de sus utilidades”.
Para el experto, de esta forma se pone en peligro la seguridad jurídica. Por ello, consideró que si, en este tema, “se le da lugar a la negociación colectiva, se puede discutir tanto dicho tema como así también articularlo con otros”.
“Los actores sociales deben tratar de llegar a un acuerdo para ver hasta dónde se puede participar. El Congreso puede decir que negocien libremente las condiciones de la participación, pero no puede imponer un piso”, remarcó Funes.
Recalde recalcó que “el Congreso fija los pisos mínimos" y cuestionó la aseveración de Funes diciendo que "la negociación colectiva es muy útil, pero si se negocia caso por caso, el avance será para muy pocos porque no afecta a todos los trabajadores y las leyes si”.
“El 10% es un piso y la negociación puede ir para arriba. El Congreso no saca invitaciones sino leyes”, aseguró.
El especialista también indicó que va a haber tiempo suficiente para que las empresas se adapten y, para reforzar este argumento, destacó que la iniciativa recién se presentó y requiere debates, reuniones de comisiones y la aprobación de ambas Cámaras.
Ley de riesgos del trabajo
A pesar de que el Gobierno dictó un decreto, elevando los montos resarcitorios para los infortunios ocurridos, a partir del 6 de noviembre de 2009, tanto desde el sector empresario como los asalariados reclaman una reforma integral a la Ley de Riesgos del Trabajo.
Los abogados coincidieron en destacar que la discusión de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas no excluye el tratamiento de otros.
Respecto a la actual Ley de Riesgos del Trabajo, Funes dijo que es fundamental dar seguridad jurídica. “No puede ser que siga existiendo la doble vía, las cosas tiene que ser claras. No se puede estar siempre en el mejor de los mundos”, añadió.
Así, el experto se refirió al accidente in itinere -que es el que ocurre en el trayecto de la casa al trabajo o viceversa- e indicó que el empleador no tiene la culpa si algo ocurre en ese lapso.
“Considero que esto tendría que formar parte de la seguridad social, puesta en cabeza del empleador. Hay temas que se pueden resolver o mejorar sin dejar desamparado al empleado.”
En este sentido, remarcó que las enfermedades inculpables resultan otro ejemplo de aquellas cuestiones que también merecen tratamiento aparte. Habría que buscar otra alternativa, que pase a formar parte de la seguridad social, para que la compañía, ante esta eventualidad, no tenga que pagar un año de licencia y, además, capacitar a otro dependiente.
El abogado de empresas instó a lograr un sistema más equitativo, en el que se distribuya en forma más pareja la carga, donde los empleadores no tengan una carga tan pesada, siempre protegiendo a los trabajadores e instó a pensar institutos suplementarios.
Luego de escuchar a Funes de Rioja, Recalde señaló que le preocupa mucho que el eje sea la litigiosidad y que “éste debería pasar por la insuficiencia de la reparación”.
“Que hay inseguridad jurídica es un hecho. Esto pasa cuando uno no puede prever las consecuencias”, agregó.
Al referirse a la litigiosidad, el hijo del abogado de la CGT indicó que no es tanta como señalan. En ese sentido, explicó que a nadie le gusta someterse a un juicio: “Son largos, involucran riesgos, asignan los recursos de manera poco eficiente. El que acude a la Justicia es porque claramente han sido violados sus derechos”.
"Si la ley previera reparaciones adecuadas nadie acudiría a la Justicia", indicó el laboralista.
Otro tema que destacó es el de evitar los accidentes, la siniestralidad. “Cuando se habla de litigiosidad se cambia el foco de la discusión”, agregó.
En esa línea, sostuvo que “iniciar un juicio puede no tener costos, pero salir del juicio puede tener uno elevado. El fallo no es la solución más adecuada a una controversia, la litigiosidad es una consecuencia. La enfermedad es la ley, la reparación inadecuada, la alta siniestralidad”.
Sobre las aseguradoras, Recalde dijo que “un tema tan sensible como éste no puede estar en mano de sociedades comerciales que tiene fines de lucro”.
“Si mi empresa está orientada al lucro voy a tratar de cobrar lo máximo y de dar lo mínimo. Más allá de lo que pueda decir la ley de riesgos, las aseguradoras persiguen el lucro”, enfatizó.
Funes no fue tan tajante, sostuvo que es bueno dejar que haya más actores, mayor participación.
Empleo en negro
Los abogados se mostraron de acuerdo en que hay que combatir el empleo en negro, que en estos momentos llega al 40 por ciento.
Para Funes, el problema se debe a que “la vara legislativa se coloca tan alta que le impide al trabajador entrar al mercado formal ya que no cumplen con los niveles de producción suficientes para generar riqueza”.
En tanto, Recalde planteó: “¿Eso quiere decir que los empleados que no están registrados no lo están porque no generan riqueza suficiente?
A lo que el asesor de empresas respondió: “Muchos trabajadores no se pagan a si mismos con lo que producen. Es economía del derecho pura. No se puede poner las normas más arriba de lo que el propio dependiente pueda generar”.
“Hay que subirlas gradualmente para que ese trabajador pueda generar más y hay que partir, primero, de estándares realistas y así promover la registración”, agregó.
“Es fácil pensar que el empleador de una pequeña industria metalúrgica no quiere registrar a sus empleados pero se olvidan que también sufre perjuicios, porque al no tener sus cuentas en orden, hay ventajas a las que no puede aspirar, como acceso al crédito, a beneficios fiscales”, remarcó Funes.
“No es que no registra porque no quiere sino porque no puede y si tiene que cumplir con todo debe cerrar”, concluyó Funes.
En ese instante, Recalde se quejó porque “siempre que hay un avance, los empresarios vaticinan el holocausto”.
“¿Por qué entonces hay trabajo en negro?, retrucó Funes.
Recalde replicó que “es una cuestión cultural, hay que ir cambiándolo de a poco. En el país hay un desapego a la Justicia en todo sentido y eso se refleja también en lo laboral”.
“¿Como se tiene que combatir? El tema de las inspecciones, sanciones y tiene que haber un avance cultural, donde uno entienda que no sólo repercuten en la economía del trabajador sino también del empresario”, agregó.
Ambos coincidieron que el empleo en negro genera competencia desleal porque si hay dos establecimientos que se dedican a lo mismo y uno no tiene a sus trabajadores en negro, se genera un círculo vicioso.
“El negocio del que tiene gente en negro no es sustentable, no puede acceder al crédito y ambos son víctimas, la salida sancionatoria no da resultado, ya hace 15 años que se aplica y todo sigue igual”, enfatizó Funes.
“Hay que ser creíbles para promover el empleo, da la sensación de que hoy me ayudan, pero no se si mañana me castigan”, concluyó el especialista
