La AFIP precisó que son 478.000 las trabajadoras registradas, por las que ingresan aportes para acceder a una obra social y a una jubilación futura
La mayoría del personal de servicio doméstico sigue trabajando en negro, aun teniendo en cuenta que desde 2005 los empleadores pueden deducir los pagos de sueldos y cargas sociales del ingreso personal sujeto al Impuesto a las Ganancias.
En la actualidad, la tasa de informalidad se ubica entre algo más del 60 y el 85%, informa el matutino La Nación.
Asimismo, durante el año no se avanzó en el tratamiento del proyecto de ley que la presidenta Cristina Kirchner anunció en marzo último y que propone expandir el acceso a los beneficios de la seguridad social.
De acuerdo con un informe presentado por el Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina, las trabajadoras del sector representan algo más del 7% del total de ocupados, y alrededor del 18% si se considera sólo a las mujeres con empleo.
Según señaló al matutino Estela Díaz, coordinadora del centro de estudios -que integran especialistas en temas de género y sindicalistas de la CTA-, son entre 1,2 millones y 1,5 millones quienes trabajan en casas particulares.
Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) precisaron que son 478.000 las trabajadoras registradas, por las que ingresan aportes mensuales que permiten el acceso a la cobertura de una obra social y a la jubilación futura.
Cruzando ambos datos es que surge que la tasa de registro es de entre el 60 y el 70%. Sin embargo, el estudio presentado ayer, con datos desagregados de la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de este año, indica que el 84,9% de quienes trabajan en el servicio doméstico dice no tener registro laboral.
El trabajo difundido por el matutino muestra también que el 37,2% de las trabajadoras son migrantes: un 24,4% afirmó provenir de un lugar del país diferente al de su actual residencia, y un 12,8% afirmó ser extranjera.
Complementariamente, el Poder Legislativo no trató durante el año el proyecto que propone expandir el acceso a los beneficios de la seguridad social.
Entre otros puntos, el proyecto prevé fijar que la jornada laboral no sea superior a las ocho horas diarias o las 48 semanales, con cierta flexibilidad para la distribución del tiempo. Además, se contempla la licencia por maternidad, pagada por el Estado durante tres meses.
También se propone ampliar el período de vacaciones y se integra a las trabajadoras al sistema de asignaciones familiares. Por´otra parte, el proyecto duplica el costo de la indemnización por despido, igualándola así a la que rige para los trabajadores en general, según la ley de contrato de trabajo. También se prevé la contratación de un seguro para cubrir el riesgo de accidentes de trabajo.
