La pelea de ferroviarios desnudó una crisis que está lejos de resolverse y que incluye disparidad salarial, servicios tercerizados y manejos de subsidios
La violenta jornada de este miércoles dejó algo más que el saldo de un joven muerto, dos heridos y una conmoción nacional. Fue, también, la confirmación de una profunda crisis en la agenda y el modelo de relaciones laborales vigente.
Según coinciden los abogados, consultores y dirigentes gremiales consultados por iProfesional.com, los graves incidentes fueron la culminación de una serie de peleas en torno a una lista de temas sensibles, que incluye al menos:
El régimen de contratación de servicios tercerizados, que ya viene recibiendo fuertes críticas y denuncias en el sentido de haberse tergiversado el sentido original para el que fuera creado.
Una dura lucha interna entre grupos sindicales antagónicos que se disputan la representación gremial.
La creciente disparidad salarial entre los sectores bajo convenio y los asalariados no sindicalizados o trabajadores en situación informal, que genera una fuerte y creciente tensión (para muchos expertos, una verdadera olla a presión).
El manejo de fondos por concepto de subsidios estatales, que están bajo la lupa por supuestas prácticas irregulares.
La tercerización vuelve al centro de la ofensiva sindical
“Ya había en la agenda sindical argentina un fuerte cuestionamiento hacia el sistema de tercerización y, sin dudas, estos incidentes ocurridos con la Unión Ferroviaria van a hacer que cobre un fuerte impulso la postura favorable a la incorporación de trabajadores que se desempeñan en empresas proveedoras”, afirma un abogado laboralista que trabaja en el rubro transportista y conoce de primera mano la situación de ese sector.
El experto, que pidió absoluta reserva de identidad, afirma que el conflicto que estalló este miércoles obedece a una multicausalidad, que tiene cuestiones contractuales y salariales, "muy pesadas" de fondo.
“Por un lado, una de las agrupaciones tiene una postura ideologizada respecto de la tercerización, porque exigen que se considere como trabajadores permanentes a muchos de los que en la actualidad brindan servicios tercerizados. Es una batalla donde ya no prima la racionalidad”, señala el abogado, vinculado con una de las partes involucradas en el duro conflicto.
A la vez, reconoce que en todo este último tiempo se ha generado una diferencia salarial extremadamente amplia entre trabajadores que cumplen tareas similares, dependiendo de si éstos se ubican del lado de la empresa principal o si cumplen funciones como tercerizados. Y enfatiza que esa brecha llegó a un punto tal que ya se torna difícil de sostener.
Al respecto, la organización que nuclea a los 1.500 tercerizados en el sector del ferrocarril planteó ante el Ministerio de Trabajo la conformación de “una situación bochornosa de contraste entre trabajadores de primera y de segunda en una misma cuadrilla de trabajo”.
Y mencionó, como ejemplo, el hecho de que los tercerizados perciben una remuneración promedio de $2.200, mientras que el salario obtenido por los trabajadores de planta permanente tiene como piso una cifra de $4.500.
En este sentido, no dudan en calificar como “un claro fraude laboral” la contratación de servicios a proveedores en el Ferrocarril Roca.
Desde el otro lado del conflicto, Juan Carlos González, secretario de administración de la Unión Ferroviaria, defiende la aplicación del actual sistema, y argumenta que los trabajadores que están reclamando su incorporación no cumplen el mismo tipo de tarea que los de planta permantente.
“Los ferroviarios están para manejar trenes. Pero ellos tienen gente de maestranza, los de seguridad, los de limpieza. Cuando se construye un nuevo tramo, siempre se recurre a empresas tercerizadas. Y es lógico que sea así, porque sino cabe preguntarse qué se hace con esa gente cuando se termina ese trabajo para el que fueran contratados”, enfatiza el dirigente sindical.
Para muchos expertos, el conflicto suscitado no es ni más ni menos que la punta de un iceberg que, a partir de ahora, puede generar un efecto dominó en otras ramas de actividad que suelen apelar a servicios o empleados que se desempeñan bajo esta modalidad.
Sucede que, muchas veces, hay tareas que entran en una “zona gris” en la que puede haber tantos argumentos para defender la tercerización como para cuestionarla.
En efecto, uno de los opositores de esta modalidad de empleo es Oscar Martínez, asesor de sindicatos, que manifiesta que existe una creciente preocupación por el avance en la modalidad de contratación de empleados tercerizados por parte de un gran número de empresas argentinas.
“Se calcula que ahora un 30% del producto de una compañía es elaborado por el personal interno mientras que el resto se terceriza, cuando hace unos años la relación era exactamente al revés”, señala este asesor sindical.
Y coincide con la postura de la CTA, que convocó para hoy a un paro general, en el sentido de que esta modalidad de contratación minimiza la capacidad sindical de parar la producción ante una situación de conflicto.
Una ofensiva que gana terreno
Ante este panorama, en el que muchos dirigentes asocian este régimen al de “precarización laboral”, conviene repasar qué entiende la ley.
Los jueces aplican un "concepto de integralidad", a partir del cual establecen que si la empresa principal no puede brindar su servicio sin recurrir a personal contratado, entonces estos últimos no pueden ser entendidos como tales, dado que hacen a la actividad normal y específica de la compañía en cuestión.
En otras palabras, los magistrados entienden, tal como ha venido dando cuenta iProfesional.com, que no pueden considerarse legítimamente tercerizados a aquellas personas que se desempeñen en tareas que hacen a la actividad principal de la empresa.
Un aspecto que genera fuertes controversias dentro del empresariado es si a la firma principal le cabe o no la responsabilidad en caso de que la proveedora de servicios no tenga en regla a sus trabajadores.
En este aspecto, desde el año 2006 a la fecha se ha venido dando, tanto a nivel judicial como por presión sindical, una fuerte avanzada orientada a que la empresa principal tenga que responder solidariamente ante cualquier incumplimiento.
El caso más resonante al respecto fue el reciente conflicto entre el sindicato de los camioneros y Siderar, la empresa del grupo Techint. La CGT llegó a paralizar el tránsito de mercadería desde y hacia la empresa, para presionar a Siderar para que ésta se haga cargo ante supuestas irregularidades.
En el Congreso hay actualmente varios proyectos que apuntan a extender la responsabilidad solidaria no sólo a aquellos trabajos, obras o servicios que atañen a la actividad normal y específica, sino también a las actividades que resulten necesarias o complementarias e, incluso a los empleadores que se puedan encontrar vinculados en un proceso productivo fraccionado (un ejemplo típico es el de la actividad autopartistas y su relación con la industria automotriz).
Estas iniciativas, que tienen como principal impulsor al diputado Héctor Recalde, llevarían a que el empleador se haga responsable en forma solidaria por todos aquellos servicios que contrate a terceros, si es que éstos son parte de la actividad principal de la compañía.
Una brecha difícil de sostener
Aquello que ha llevado a la máxima tensión y que derivara en la muerte de un trabajador, es la disparidad salarial, consecuencia de las negociaciones paritarias de este año.
“En esta rama, como todo el monto del aumento salarial lo pone el Estado vía subsidio, la empresa prácticamente no opina. Y naturalmente no ocurre lo mismo en las proveedoras que no reciben dinero público y deben afrontar por sus propios medios los incrementos remunerativos”, señala el abogado asesor del sector transportista.
En definitiva, lo que queda expuesto es el lado oculto de la política salarial.
Durante todo el año, los principales expertos en materia laboral han venido advirtiendo de la creciente brecha entre los trabajadores registrados y sindicalizados frente a los informales.
Sobre el tema, Ernesto Kritz, titular de la consultora SEL, afirmaba en una entrevista con iProfesional.com que los fuertes aumentos nominales de salarios en los sectores con capacidad de presión sindical estaban generando una “nueva clase media obrera”.
Sin embargo el experto alertaba: “Los que disfrutan los logros del crecimiento del país son aquellos que están en el sector formal de la economía, que son aproximadamente un tercio de los asalariados. En el extremo opuesto se ubican los informales y cuentapropistas, así como los que no tienen una representación sindical. Ellos son los que están pagando el costo”.
Y la diferencia salarial entre los distintos trabajadores ferroviarios no hizo más que dejar en evidencia la situación de tensión que provoca el actual contexto, donde trabajadores que realizan tareas similares pueden encontrarse con una diferencia de más de 100% en sus ingresos.
La sospecha de corrupción
A este complejo escenario, en el día de ayer se sumó una grave acusación por el uso irregular del mecanismo de tercerización, tendiente a desviar dineros públicos de los subsidios. Esa fue, concretamente, la acusación que quedó ayer al desnudo luego de los violentos choques entre los empleados ferroviarios.
Dirigentes políticos de grupos de izquierda, como Vilma Ripoll y la cúpula del Partido Obrero, afirman que cuatro empresas proveedoras de UGOFE, la firma que gestiona el ferrocarril Roca, estarían vinculadas a dirigentes sindicales de la Unión Ferroviaria. Y sostienen que estarían beneficiándose por una sobredeclaración de los verdaderos costos del servicio.
“La cooperativa Unión Mercosur hace trabajo de vía. Su presidente es Maxi Pedraza, hijo del dirigente José Pedraza, de la Unión Ferroviaria. Y, como muchas empresas, reciben susbisdios del Estado. Por cada peso que la compañía paga a su trabajdor, recibe cuatro del Estado”, denunció Flavio Bustillo, dirigente ferroviario del ala opositora.
Y agregó que el conjunto de los ferrocarriles cobran por conceptos de subsidios $3 millones diarios.
El trasfondo de la interna gremial
El conflicto que estalló dentro de la Unión Ferroviaria no se limita al enfrentamiento entre la conducción y un sector de los trabajadores que reclama el pase a planta permanente y la reincorporación de un centenar de despedidos por motivos gremiales.
Es, además, el reflejo de un creciente cuestionamiento al modelo laboral y sindical vigente, que cada vez gana más adeptos.
Las primeras señales de descontento en los ferroviarios surgieron hace unos años, cuando los ferrocarriles fueron reestatizados. En ese entonces, la línea Roca quedó bajo la administración de UGOFE, mientras que las actividades de construcción, control, mantenimiento de vías, desmalezamiento, administración y vigilancia fueron tercerizadas progresivamente y quedaron a cargo de más de 20 empresas.
Según fuentes consultadas, esto no sólo produjo cambios en el régimen de trabajo, en el que comenzaron a notarse fuertes diferencias de condiciones laborales entre efectivos y contratados, en desmedro de estos últimos, sino que también repercutió en la interna sindical.
Mientras la conducción del gremio optó por representar sólo a los choferes y al personal estable, la oposición vinculada a organizaciones de izquierda encabezó las demandas de los tercerizados y se puso al frente de los despedidos para reclamar su efectivización.
Así, en las elecciones de delegados del 2007 las agrupaciones opositoras obtuvieron más de 1000 votos en el Roca, donde existen 6000 empleados, pero la oficialista Verde acaparó todos los cargos.
Según el estatuto, las minorías deben obtener más del 50% de los sufragios para tener dicha representación y, por otra parte, los tercerizados no pueden elegir ni ser elegidos en la Unión Ferroviaria, por lo cual carecen de representación sindical.
No obstante, en la línea Sarmiento los trabajadores ratificaron al cuerpo de delegados Bordó que, desde el 2001, mantiene esa seccional. En el 2008, también ganaron en el Belgrano Norte y se consolidaron en el Belgrano Sur.
La interna se agravó más en 2009, después de que la oposición denunció fraude en las elecciones generales del sindicato para renovar la conducción. Y este año, los tercerizados profundizaron las medidas de fuerza al cortar en reiteradas ocasiones las vías del ferrocarril y realizaron actos en la Estación Constitución, donde se encargaron de denunciar que la Verde de Pedraza les impidió realizarlos, con el apoyo de barrabravas.
En paralelo, la tercerización se fue extendiendo hasta afectar en la actualidad a casi un 20% del personal –unos 1.500 trabajadores- que se encuentran encuadrados en convenios diversos y menos favorables que el de los ferroviarios como es el de UOCRA, comercio, maestranza y seguridad privada.
La discusión sobre encuadramiento se ha profundizado y extendido a partir de los 90, porque las grandes empresas empezaron a recurrir en forma masiva a la estrategia de fragmentar a los trabajadores en distintos encuadres.
Algo similar ocurre hoy con los deslizadores de maletas en Aeroparque y con los petroleros que mantienen maquinaria en Dock Sud y Patagonia.
Los bancarios y los telefónicos enfrentan el mismo problema en los call centers. Las empresas prefieren encuadrar a los trabajadores de ese sector en el sindicato de Comercio, liderado por Armando Cavallieri, porque allí los salarios básicos son un 50% más bajos y las condiciones laborales más intensivas, según fuentes consultadas.
Tercerización, encuadre gremial, sospechas de corrupción e internas sindicales, un cóctel sumamente explosivo que, en definitiva, derivó en la muerte de un joven.
